Ignacio Trillo / Opinión.- Esta vez me vais a permitir que hable de mi libro, como se desgañitaba Francisco Umbral en el rifirrafe que mantuvo con Mercedes Milá en aquel programa, Queremos saber, que emitió en directo Antena 3. Se visionó en la primavera de 1993 ante la perplejidad de cuantos presenciamos el espectáculo. Algo parecido con ribetes kafkianos pudiera también contener el relato que viene a continuación, si no fuera por el trasfondo de triste realidad caciquil que se reproduce en la Andalucía del siglo XXI, no teniéndole que envidiar a la época decimonónica, cuando transcurrió la Restauración.
En este sentido, el pasado día 25 de noviembre me fue comunicado verbalmente por la actual delegada de Empleo en Málaga de la Junta de Andalucía, Francisca Montiel, mi reincorporación como funcionario de carrera de la Junta de Andalucía, al puesto de trabajo de director del Área Territorial de Empleo (ATE) de Málaga Capital, adscrito al SAE, del que fui cesado indebidamente por venganza partidista en enero del año 2011.
Han transcurrido once meses desde la condena en firme a la Junta por los tribunales de Justicia para que se produjera dicha restitución. A pesar de recibir el SAE varios apercibimientos judiciales por estar incurriendo en desobediencia a la adjudicatura, y sin que sepa todavía el día exacto que se produjo, suponiendo que pudo ocurrir dos semanas antes de que me fuera comunicado.
Aparte de otras responsabilidades y servicios prestados a la Junta, he sido delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga hasta septiembre del 2008, cuando fui cesado por haber hecho frente al urbanismo irregular que implicaba a varios ayuntamientos bajo alcaldía del PSOE.
[blockquote style=»1″]Mi presentación a aquellas primarias que resultaron truncadas, me reportó enormes problemas con la dirección provincial del PSOE malagueño, dirigida como hasta ahora por Miguel Ángel Heredia, quien apostó para que sin primarias fuera María Gámez la que encabezara esas elecciones locales.[/blockquote]
Pues bien, reincorporado al día siguiente a esa destitución a la función pública andaluza, de la que soy doblemente funcionario de carrera; en el verano del 2010, cuando ya percibía una caída en picado del PSOE tras las medidas merkelianas acometidas por ZP desde ese mes de mayo traicionando el programa electoral que le había llevado al Gobierno y agudizada en Málaga por la mediocridad reinante, opté por presentarme a unas primarias internas para aspirar a encabezar la lista del PSOE en la capital malagueña para las elecciones municipales del 2011.
A raíz de esta irrupción, que tenía soporte legal en los estatutos del PSOE, este sistema de elección democrática interna fue prohibido y solo para Andalucía. Lo dictaminó la dirección regional, entonces encabezada por José Antonio Griñán, que además era presidente de la institución autonómica. Como segunda a bordo figuraba Susana Díaz.
Mi presentación a aquellas primarias que resultaron truncadas, me reportó enormes problemas con la dirección provincial del PSOE malagueño, dirigida como hasta ahora por Miguel Ángel Heredia, quien apostó para que sin primarias fuera María Gámez la que encabezara esas elecciones locales. Por el contrario, las primarias se celebraron por el PSOE en el resto de España.
El trance se saldó con el cese en mi puesto de trabajo funcionarial de la Junta y `la invitación´ para que abandonase la militancia en el PSOE.
Sucedió todo en un mismo día, aprovechando las fiestas navideñas, 23 de diciembre del 2010. Fue Miguel Ángel Heredia, quien pasado ese mediodía ordenó a Juan Carlos Lomeña, en aquel tempo delegado autonómico de Empleo, a que lo llevase al efecto. Y casi simultáneamente después, esa misma tarde, la ejecutiva del PSOE presidida por el propio Heredia, en reunión prevista con antelación a celebrarse en Fuengirola y sin que constara en el orden del día, acordó la apertura, sin oírme previamente, de un expediente disciplinario para mi expulsión.
Días más tarde me marché voluntariamente de la militancia en el PSOE, renunciando a responder o alegar contra el libelo inquisitorial que se me notificó, donde se me acusaba ni más ni menos que de haber ejercido mi libertad de expresión para dañar al PSOE, según exponía el panfleto que portaba la firma de Francisco Conejo, hoy tercero de a bordo del equipo orgánico de Susana Díaz.
[blockquote style=»1″]Mi actual reincorporación al citado puesto de trabajo se ha efectuado, tal como he indicado, con un retraso de más de un año a la sentencia firme dictada, generando más gastos indemnizadores a la Junta, con posible tipificación de malversación de fondos públicos.[/blockquote]
La ausencia de democracia interna de la organización socialista y la carencia de ética entre sus dirigentes provinciales, utilizando como venganza el empleo funcionarial público para doblegar a quienes manifestaran disconformidad con sus prácticas perversas, me obligó a no verme reconocido ni identificado ya con el que había sido mi partido político.
Sin embargo, peleé ante los tribunales de justicia por lo que consideraba sagrado, el puesto de trabajo que en calidad de funcionario ejercía, más cuando no había motivo laboral alguno ni se había evacuado informe que motivara cualquier anomalía en mi actuación como servidor público.
La toma de decisión política ajena al funcionamiento de la Junta, interfiriendo su normal funcionamiento con una decisión extraadministrativa, violentando los principios básicos de una Administración Pública, que deben estar basados en su carácter apartidista y al servicio del interés general de la ciudadanía, quedaba más que de manifiesta.
Mi actual reincorporación al citado puesto de trabajo se ha efectuado, tal como he indicado, con un retraso de más de un año a la sentencia firme dictada, generando más gastos indemnizadores a la Junta, con posible tipificación de malversación de fondos públicos. A añadir, que durante estos casi cinco años la administración autónoma va a emplear una doble masa salarial para un mismo puesto de trabajo al haberlo cubierto sucesivamente durante ese periodo de tiempo con tres personas distintas y tenerme ahora que indemnizar, habiendo hecho caso omiso a la advertencia que ya hacía la inicial sentencia para que no se cubriera, que fuera emitida en primera instancia en marzo del 2012 y que igualmente condenaba a la Junta.
Tal regreso a la plaza de funcionario ha sido realizado, tal como también ya señalé, mediante una mera comunicación verbal, sin resolución administrativa y sin publicación en el BOJA.
Por el contrario, el procedimiento empleado se ha realizado a través de mi Hoja de Acreditación de Datos, que es el historial curricular oficial de cada funcionario, procediéndose a eliminar en el archivo informático de la Junta mi trayectoria administrativa desde que fuera cesado en enero del 2011. Por tanto, se ha hecho desaparecer de la misma el ejercicio público que mientras tanto he desempeñado como jefe del departamento de las Escuelas Taller y posteriormente de jefe del departamento de Intermediación e Inserción Laboral, ambas plazas en el mismo SAE.
[blockquote style=»1″]He trasladado a mi defensa jurídica que estudie la posibilidad de interponer una demanda judicial contra Miguel Ángel Heredia por ser el autor real del cese que se operó en su día, para que sea obligado al pago a la Junta de Andalucía del total de gastos que le ha significado este revés judicial y la dilación en su ejecución[/blockquote]
Esta extrañeza da lugar a que esté siendo estudiado por mi defensa legal el `atípico´ método seguido para la ejecución de sentencia por si no se ajusta a derecho y sí por el contrario se han cometidos presuntos delitos, entre otros de prevaricación. Aparte, e igualmente, el mobbing a que me he visto obligado al tener que soportar durante estos años bajo una situación administrativa insostenible que además se ha visto prolongada en el escaso tiempo que llevo restituido en el puesto de director de la ATE donde no me ha sido asignado el ejercicio de función alguna.
A la vez, he trasladado a mi defensa jurídica que estudie la posibilidad de interponer una demanda judicial contra Miguel Ángel Heredia por ser el autor real del cese que se operó en su día, para que sea obligado al pago a la Junta de Andalucía del total de gastos que le ha significado este revés judicial y la dilación en su ejecución, aparte de otras indemnizaciones económicas a que hubieran lugar por el daño y dolo causado en mi carrera funcionarial y en otros apartados a mi vida personal. Pediré, asimismo, la personación de la propia Junta de Andalucía en ese procedimiento por haber sido perjudicada.
En la misma dirección y por idéntica causalidad, mi defensa jurídica estudia emprender acciones legales contra Miguel Ángel Heredia y pedir su inhabilitación política por usurpación de funciones públicas que no le son propios con resultados lesivos para la Junta de Andalucía y para mi persona.
Miguel Ángel Heredia, en su condición de secretario general del PSOE de Málaga, sin ocupar puesto alguno en la administración pública, por tanto sin competencia en la materia que se trata, fue el autor intelectual e inductor material de la orden de mi cese administrativo para que fuera ejecutado por un inferior jerárquico pero en la estructura del partido socialista, involucrándolo con la Junta de Andalucía.
Este hecho de enorme gravedad, ha sido reconocido y hasta manifestado posteriormente en público por Juan Carlos Lomeña, una vez que fue cesado de delegado provincial de Empleo, con todo lujo de detalles, contando su exposición con la presencia de numerosos testigos.
Pues bien, cansado de la situación administrativa que soporto desde hace años y una vez que se ha producido mi reincorporación al puesto de Director de la ATE, con el reconocimiento retroactivo de derechos y haberes, aunque haya sido solamente teórica y figurada sin que se me haya permitido su ejercicio práctico, he renunciado al derecho que como funcionario público me asiste a prorrogar mi permanencia en el servicio activo de la Junta de Andalucía, decidiendo, al reunir todos los requisitos, incluidos en demasía el tiempo de cotización a la Seguridad Social, mi pase a la situación de jubilación.
Lo anterior, no lleva a que me desentienda del grave deterioro en el que está sumida, y cada vez más, el funcionamiento y la gestión de la administración autonómica andaluza, utilizada como red clientelar por la mediocridad que conforma el partido que la gobierna en Andalucía con el dinero de todos, y que está afectando sobremanera a servicios públicos que son esenciales y a proyectos dirigidos a la ciudadanía andaluza.
En esta línea, desde mi nueva situación, promoveré iniciativas de toda índole, incluidas las normativas, relacionadas con la necesidad de la reforma en profundidad de la administración autonómica en línea con su profesionalización.
[blockquote style=»1″]Y como broche final, habiéndome despedido esta semana del trabajo, mi agradecimiento a cuantos han compartido conmigo a lo largo de más de tres décadas y por diversas geografías las distintas tareas que he desempeñado en la Junta de Andalucía. Mis mejores recuerdos y saludos como reconocimiento a su labor.[/blockquote]
Así, pasada las elecciones generales del 20 de Diciembre, me reuniré con los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía y los sindicatos implantados entre los empleados públicos autonómicos, para exponerles propuestas.
Entre ellas, adelanto, como medida de regeneración a corto plazo, que se incluyan en el próximo concurso de traslados y promoción de funcionarios, de cara a ser reasignados bajo criterios de concurrencia y competencia, los miles de puestos de trabajo de la Junta que tienen hasta ahora la consideración de plazas de Libre Designación, para que en su cobertura puedan acudir cuantos funcionarios lo deseen y reúnan los requisitos exigibles, siempre acordes -siempre- con el mérito, la capacidad y la especialización, y entre los que lógicamente no se considerará implícito la tenencia del carnet o ser afín al PSOE andaluz.
Con ello quiero contribuir a la nueva etapa política que se ha abierto en Andalucía, para poner fin al actual sistema clientelar por el cual el partido gobernante con sus dirigentes provinciales tienen actualmente secuestrado el ejercicio eficaz y eficiente de las tareas de la administración andaluza a través del manejo de un opaco sistema caciquil de nombramientos al servicio de estrechos y sectarios intereses. En tanto, los funcionarios, desmotivados y desmoralizados en su inmensa mayoría por el actual sistema de selección imperante y por las formas en que son dirigidos y estructurados por la mezquindad directiva imperante, ven cerradas sus carreras administrativas hasta un limitado nivel, presenciando a la par con impotencia cómo el funcionamiento de la institución autonómica y los servicios públicos a prestar se resienten notablemente ante la acelerada degradación del sistema.
Y como broche final, habiéndome despedido esta semana del trabajo, mi agradecimiento a cuantos han compartido conmigo a lo largo de más de tres décadas y por diversas geografías las distintas tareas que he desempeñado en la Junta de Andalucía. Mis mejores recuerdos y saludos como reconocimiento a su labor.