El alcalde de la localidad sevillana de Espartinas, militante de Ciudadanos, ha presentado su dimisión tras resultar investigado (imputado) en un procedimiento judicial incoado a raíz de una denuncia del Partido Popular.
José Mª Fernández, que así se llama el edil dimisionario, parece que no ha robado ni ha malversado caudales públicos. No estamos, por tanto, ante un chorizo de la política muncipal, una especie que no padece la extinción precisamente. Parece que su delito tiene más tintes administrativos que penales. Veremos qué dice el Juez. En todo caso ante la decisión judicial, Fernández, ha tomado puerta y sin derecho a volver al cargo, ha proclamado Juan Marín de forma despiadada, sin contemplar siquiera la hipótesis de la inocencia de su compañero una vez se pronuncie la Justicia.
La dimisión de uno de los cuatro alcaldes que tiene Ciudadanos en Andalucía, pese a ser una noticia con ribetes judiciales incómodos para el partido naranja, ha sido utilizada por Cs como mal menor y, desde luego, como una oportunidad de lanzar una prédica ejemplarizante. Hasta el punto que se anuncia la noticia estando de mitin el propio Albert Rivera en Sevilla.
[blockquote style=»1″]Por qué razón Ciudadanos no ha obligado a su líder almeriense, Miguel Cazorla, a renunciar a sus responsabilidades públicas, dado que también se encuentra investigado (imputado) por presunto delito societario, acusado por un puñado de agricultores.[/blockquote]
Y aprovechando la ocasión brindada con el ejemplo de Espartinas, en Granada, donde la concejal de Urbanismo del PP ha resultado también investigada (imputada), el líder local de Ciudadanos y exsenador socialista, Luis salvador, anunciaba que Cs retiraba el apoyo a Pepe Torres Hurtado como alcalde y al PP como gobierno. Una amenaza que, algunos dijeron con sorna, que solo tendría vigencia hasta el 20 de diciembre por la noche.
¿Y Almeria?
Cabe pues preguntarse aquí, dado el carácter electoralista de ambas noticias, por qué razón Ciudadanos no ha obligado a su líder almeriense, Miguel Cazorla, a renunciar a sus responsabilidades públicas, dado que también se encuentra investigado (imputado) por presunto delito societario, acusado por un puñado de agricultores de inquietantes y graves comportamientos que indaga la Justicia. Esta imputación era la segunda que recaía sobre Cazorla a principios de este año y, pese a las denuncias internas y externas elevadas a la dirección nacional de Ciudadanos, Rivera mantuvo contra viento y marea a Miguel Cazorla con el argumento de que no estaba imputado por corrupción política y que lo suyo “era un asunto privado”.
Puestas así las cosas sería muy interesante conocer donde establece Ciudadanos la línea roja en la gravedad de los delitos que contempla nuestro Código Penal.
Aplauso, por tanto, para la decisión tomada en Espartinas que, a la vista de lo sucedido con Cazorla en Almería, queda desdibujada y emborronada. Binevenido en todo caso el gesto político de una dimisión que, desde luego, dignifica nuestra vida política. A ver si cunde el ejemplo.
Pepe Fernández
Editor
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